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viernes, 28 de abril de 2017

De la Mata atribuye a Marta Ferrusola el control de la fortuna familiar en Andorra

Ferrusola tenía varias cuentas, algunas procedentes de su hijo mayor

La Policía registró el miércoles viviendas y despachos del clan de los Pujol

Un año de suspensión a un guardia civil por atribuir a un fallecido una multa de tráfico suya

El Supremo confirma la falta "muy grave" del agente, que usó la base de dato oficial para cambiar el nombre del sancionado.

Un radar instalado en el casco urbano de Parla (Madrid).
Un radar instalado en el casco urbano de Parla (Madrid).

El Tribunal Supremo ha confirmado la sanción de un año de suspensión de empleo a un cabo primero de la Guardia Civil destinado en la Unidad de Tráfico de Herrera de Pisuerga (Palencia) que accedió a las bases de datos del cuerpo para imputar a una persona fallecida en accidente de circulación la responsabilidad de una de las dos multas que le impusieron a él por exceso de velocidad.

La Sala de lo Militar considera probado que el cabo, que estaba de baja por enfermedad cuando ocurrieron los hechos, cometió una falta muy grave (abuso de atribuciones que causa grave daño a los ciudadanos o a la Administración, contemplada en el artículo 7.7 de la Ley Orgánica del régimen disciplinario de la Guardia Civil). Según los magistrados, el agente utilizó de forma “indebida o abusiva” las facultades que como miembro de la Guardia Civil tenía conferidas y que “no le otorgaban un poder omnímodo tanto en la prestación del servicio como en la utilización, dentro o fuera de este, de los medios públicos que se habían puesto a su disposición exclusivamente para desempeñar su trabajo”.

El cabo sancionado no pagó dos multas de tráfico por exceso de velocidad que le pusieron el 1 de diciembre de 2008 y el 15 de agosto de 2010, cuando conducía el vehículo que utilizaba habitualmente, que estaba a nombre de su esposa. Tras recibir la notificación de la multa, imputó la responsabilidad de una de las infracciones (la cometida en agosto de 2010 por circular a 161 kilómetros por hora) a una persona fallecida en accidente de tráfico el 3 de septiembre de 2010. De ese modo, consiguió que la denuncia se archivara.

Según los hechos que el Supremo da por probados, el agente, pese a que estaba de baja para el servicio, se valió de su posibilidad de acceder, en varias ocasiones y en cuanto miembro de la Guardia Civil, a los datos reservados que se encuentran registrados en las bases oficiales, en concreto a datos de personas fallecidas en accidentes de tráfico, a pesar de no estar facultado para realizar esas consultas, ya que en las fechas en las que se realizaron no estaba de servicio. “En aquellas situaciones usó mal, de manera excesiva, impropia o indebida, para beneficio propio o ajeno, las facultades o poderes que le correspondían como miembro de la Guardia Civil y, más en concreto, como integrante de un Destacamento de Tráfico”, subraya la sentencia.

La sentencia explica que es evidente el grave daño ocasionado tanto a la Administración -que sufrió el perjuicio derivado de la falta de abono de la multa cuyo pago eludió para sí o para su esposa- y, en concreto a la Guardia Civil –“que con su comportamiento vio públicamente empañada su imagen y aquilatado su prestigio con una actuación y unas prácticas contrarias a los más elementales deberes de integridad y dignidad de informar, y generalmente informan, la conducta de los miembros del Instituto Armado”, señalan los jueces-. Los jueces destacan también el daño moral sufrido por los familiares, en particular los padres y hermana, del fallecido al que el sancionado imputó falsamente la infracción de tráfico, y que tuvieron que prestar declaración en el procedimiento sancionador.

El comportamiento sancionado, afirma la sentencia, “denota una extrema ausencia de fiabilidad, honradez y dignidad, pone en entredicho la confianza que la ciudadanía ha depositado secularmente en el cuerpo de su pertenencia en razón del impecable comportamiento que, en su inmensa mayoría, han mantenido y mantienen sus integrantes y hace a su autor radicalmente incompatible con el desempeño de funciones públicas y, por ende, con la permanencia en la Guardia Civil”.

Por todo ello, la Sala de lo Militar desestima el recurso de casación interpuesto por el agente contra la sentencia del Tribunal Militar Central y confirma la sanción de un año de suspensión de empleo y le prohíben que pueda solicitar nuevo destino en la Agrupación de Tráfico o en la demarcación territorial del Subsector de Tráfico de Palencia durante dos años. El Supremo mantiene la pena pese a que sí modifica los hechos probados de la primera sentencia, que sostenía que el cabo imputó ante la Dirección General de Tráfico la responsabilidad de dos infracciones a personas fallecidas en accidentes de circulación y que las mismas se archivaron. Según el alto tribunal las pruebas existentes sólo confirman que actuó de ese modo en una de las dos multas.

jueves, 27 de abril de 2017

Un grave error judicial del Estado se salda con una indemnización de 5.000 euros

Dos condenados por la muerte de un trabajador se libraron de la cárcel porque la juez se olvidó de ejecutar una sentencia.

Sonia, en julio de 2017 en Sevilla.
Sonia, en julio de 2017 en Sevilla.

La sevillana Sonia R. V. tiene 41 años y acaba de recibir el segundo mazazo de su vida.

Seis folios que incluyen una cifra: 5.000 euros. Es la compensación que esta madre de dos menores cobrará del Estado por el grave error judicial que dejó en libertad a los dos condenados por la muerte de su marido. “Me dijeron que la Justicia era lenta pero justa. Ya no sé qué pensar…”, concede Sonia por teléfono.

miércoles, 26 de abril de 2017

El juez pide una evaluación psiquiátrica del hijo de Ortega Cano

El titular del Juzgado número de Alcobendas solicita este examen y retrasa 24 horas el juicio al joven por agredir a un policía.

Jose Fernando
José Fernando, con su padre José Ortega Cano. GTRES

El titular del Juzgado número de Alcobendas han suspendido el juicio rápido del hijo del torero José Ortega Cano, José Fernando Ortega, previsto para este lunes, para practicarle una evaluación psiquiátrica que determine su imputabilidad, han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

La evaluación psiquiátrica será realizada mañana para que el magistrado tenga el informe el miércoles, cuando determinará si celebra juicio rápido o no. Si el informe determina que José Fernando padece un trastorno o enfermedad mental, dependiendo del grado de la misma, podría eximirle de responsabilidad penal. Entonces se podrían tomar otro tipo de medidas.

lunes, 24 de abril de 2017

Condenada Bankia por vender preferentes a una mujer de 80 años enferma de alzheimer

La juez dice que es imposible que la clienta entendiera la información facilitada por la entidad bancaria.

Afectados por las preferentes se manifestaban en septiembre ante la Audiencia Nacional.
Afectados por las preferentes se manifestaban en septiembre ante la Audiencia Nacional.

La mujer, representada por el abogado Carlos Sardinero, demandó a Bankia bajo la premisa de que la entidad financiera no cumplió el deber de informar a sus clientes.

El banco, por su parte, aseguró que actuó como “mera intermediaria y comercializadora” de las preferentes. Aparte alegó que el caso había prescrito porque habían transcurrido los cuatro años legalmente establecidos.

domingo, 23 de abril de 2017

Absuelto de malos tratos un padre que requisó el móvil a su hija por portarse mal

El juez considera que el progenitor no se excedió en su "derecho de corrección".

Dos niños ensimismados con sus móviles.
Dos niños ensimismados con sus móviles. GETTY IMAGES

Un juzgado de Almería ha absuelto a un padre y a su pareja sentimental de un delito de maltrato en el ámbito familiar después de ser denunciado por su hija de 14 años tras una pelea en la que le requisaron el teléfono móvil por "su mal comportamiento".

La Fiscalía pedía 10 meses de prisión y tres años de alejamiento para la pareja, que ya habían quitado a la niña un primer terminal.

sábado, 22 de abril de 2017

Adolescentes para robar y casarse

Presionada por Europa, España no reguló hasta 2015 la trata con fines delictivos y para matrimonios forzados, donde el 70% de las víctimas son menores.

Una víctima de trata, estudiando en una casa de acogida de la ONG Proyecto Esperanza.
Una víctima de trata, estudiando en una casa de acogida de la ONG Proyecto Esperanza.

Cuando la ayuda llegó, Ionela ya había pasado por la cárcel.

La Policía hacía tiempo que la tenía fichada por robar en tiendas de ropa y, tras varias detenciones, acabó condenada a 13 meses de prisión. Fue justo antes de que las autoridades la expulsaran del país. Aunque, poco después de salir de España, regresó al único mundo que conocía como adulta: a Madrid, donde acabó encerrada en el Centro de Internamiento de Extranjeros de la capital. Allí la encontró la ONG Proyecto Esperanza. Y la liberó. Porque Ionela, que tenía entonces 22 años, no había cometido los delitos por propia voluntad. La había obligado una red de tratantes, que la trajo engañada a la Península; y que la mantuvo coaccionada y amenazada para que delinquiera para ellos. Una práctica que en España no empezó a perseguirse hasta 2015, cuando se reformó el Código Penal tras años de presiones de Europa.