viernes, 7 de noviembre de 2014

Opinión pública y democracia constitucional.

 Quizás como nunca, en estos momentos, es pertinente una reflexión sobre las relaciones entre la opinión pública y la posición de los órganos del Estado según las exigencias de la democracia constitucional. Me planteo el análisis de estas relaciones en un plano general, aunque no sea difícil sacar conclusiones en nuestra circunstancia concreta , ya hablemos de la crisis catalana, donde hay que captar el significado de los sucesos que se producirán el día 9 de Noviembre, o pensemos en las consecuencias políticas de los episodios de corrupción que nos asolan. Estas son las notas que encuentro sobre la opinión pública, como institución indefectible de la democracia, en unos papeles de hace algún tiempo.
 
 
 Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.
 
Quizás como nunca, en estos momentos, es pertinente una reflexión sobre...

las relaciones entre la opinión pública y la posición de los órganos del Estado según las exigencias de la democracia constitucional. Me planteo el análisis de estas relaciones en un plano general, aunque no sea difícil sacar conclusiones en nuestra circunstancia concreta , ya hablemos de la crisis catalana, donde hay que captar el significado de los sucesos que se producirán el día 9 de Noviembre, o pensemos en las consecuencias políticas de los episodios de corrupción que nos asolan. Estas son las notas que encuentro sobre la opinión pública, como institución indefectible de la democracia, en unos papeles de hace algún tiempo.
 
La opinión pública es un elemento constitutivo de la democracia, ha dicho el Tribunal Constitucional alemán en innumerables ocasiones. Y en parecidos términos el Tribunal Constitucional español se ha referido también con frecuencia a la contribución imprescindible de la misma al funcionamiento del Estado democrático (STC 611981). La democracia como ningún otro sistema es, como dijera Dicey, “un gobierno de opinión”, un sistema donde los gobernantes "buscarán la opinión popular, confiriéndole peso, si no se trata del factor determinante de sus decisiones, de modo que quienes estén fuera del gobierno dispongan del derecho a ser oídos" (Key).

Podemos entender por opinión pública la orientación o posición política predominante en una determinada sociedad. Desde este punto de vista no nos encontramos ante pronunciamientos sobre asuntos privados o cuestiones concretas, sino más bien ante verdaderas tomas de posición política, esto es, puntos de vista generales y abocados a la acción pública. En una democracia caracteriza a la opinión pública antes de nada las condiciones en que la misma se forma y expresa, pues en tal tipo la opinión pública es el resultado de un proceso de discusión en libertad, esto es, de un intercambio de ideas sin restricciones temáticas, abierto en iguales términos a todos, y del que se espera la propuesta más razonable para la satisfacción de las necesidades de la colectividad.

El carácter abierto del debate en las sociedades democráticas, como su rasgo sobresaliente, sólo ha sido posible a medida que se ha producido la derrota del dogmatismo y la afirmación del relativismo, logros sin duda de la Reforma y la Ilustración; se ha reconocido el derecho de todos a participar en igualdad de condiciones en la discusión política, de acuerdo con los postulados de la revolución; y se ha afirmado una visión optimista de la capacidad de la mayoría, típicamente liberal, observadas ciertas exigencias metódicas en la discusión como la utilización de la argumentación y el apoyo empírico, de alcanzar acuerdos sobre lo más conveniente para la comunidad. Este modelo de discusión libre y racional, que en el siglo XIX alcanzó un nivel bien alto de calidad e imparcialidad, traslada del ámbito económico al espiritual las ideas fundamentales de la libertad y la igualdad en la concurrencia propias del mercado.

La importancia de la opinión en los sistemas constitucionales depende de la relación de la misma con el principio democrático. Diríamos que éste presenta dos rostros: hay, en primer lugar, una versión organizada y pautada del mismo que contempla la intervención popular en la composición, actuación y control de los órganos del Estado. Además, en el sistema democrático la intervención de los ciudadanos en la vida política se realiza mediante su contribución, individual, ejerciendo su libertad de expresión, o articulada colectivamente, mediante manifestaciones o asociaciones, a la formación de la opinión pública. A través de la opinión pública la voluntad popular anticipa, limita o nutre la de los órganos del Estado.

Una cosa es, por tanto, el plano de la formación de la voluntad del Estado, llevado a cabo por los órganos constitucionalmente establecidos, de acuerdo con sus competencias y procedimientos; y otra cosa es el plano de la voluntad popular en el que la participación personal no está reservada específicamente a nadie ni ha de conducirse con arreglo a pautas prefijadas.

La exclusión de la opinión pública del orden estatal no determina su insignificancia. Antes bien su influencia es muy considerable, aunque se ejerza indirectamente, en el orden de la preformación de la voluntad política. Se produce en la selección que los partidos hacen de sus candidatos, en el establecimiento de sus programas, en el momento de la elección, y, determinando una orientación de los órganos del Estado, en el período de tiempo que transcurre hasta la celebración de nuevas elecciones. Los órganos del Estado deben orientarse hacia la opinión pública, pensando en la reelección y también en la aceptación de su política por el ciudadano. Desde este punto de vista, y reparando que no nos encontramos en el plano estatal en el que el cuerpo electoral es un órgano constitucional, puede hablarse de la opinión pública como un elemento cuasi plebiscitario del sistema democrático.

Debe quedar claro que la relación entre la opinión pública y los órganos del Estado no obliga a éstos a convertirse en ejecutores de la misma. Tampoco se encuentran vinculados jurídicamente a ella: se trata de una orientación fáctica que permite actuaciones contrarias a la opinión pública, pero que a la larga no son mantenibles si el Estado no es capaz de conseguir que sean aprobadas por ella. "En la democracia representativa, ha escrito Zippelius, la orientación conforme a la opinión pública, no puede significar que exista una relación de ejecución frente a todo movimiento que esta opinión registre, sino que más bien quiere decir que la acción del Estado debe mantenerse dentro del cauce de aquellas ideas éticas y políticas que son idóneas, en la respectiva situación histórica, para captar el consenso de la mayoría."

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