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domingo, 11 de octubre de 2015

Los mejores científicos piden una reforma que les dé autonomía y estabilidad financiera

Los 20 centros españoles con el distintivo de excelencia Severo Ochoa demandan en un comunicado conjunto una amplia reforma de las leyes que regulan la ciencia española.

Rajoy en 2014 durante su primera visita a un centro científico, el CNIC, después de dos años como presidente

Las reclamaciones de los científicos españoles a los responsables políticos continúan subiendo de tono.

Después de que cuatro directores de centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) manifestasen su preocupación por la situación "insostenible" del principal organismo científico de España, llega ahora el toque de atención de los mejores institutos de investigación del país.

En un comunicado hecho público hoy desde la isla de La Palma, donde está teniendo lugar una reunión de los centros acreditados con la distinción de excelencia Severo Ochoa, exhortan a los “dirigentes políticos a formalizar un pacto por la ciencia que garantice la estabilidad financiera de la actividad científica, alejándola de los vaivenes políticos”. Además, después de calificar como críticos los momentos que estamos viviendo, piden que se realice “urgentemente una reforma profunda de las leyes que gobiernan la actividad científica” para...

asegurar su competitividad. Para llevar a cabo esta labor, los firmantes del documento ponen su amplia experiencia a disposición de los políticos que gobiernan el país y de los que lo puedan gobernar en el futuro.

Los científicos solicitan también que las organizaciones políticas “definan su postura sobre la investigación científica y que describan claramente en sus programas su compromiso electoral y acción de gobierno sobre este tema”. De esta manera, continúan, los ciudadanos podrán “apoyar con su voto a opciones políticas que tengan una clara voluntad de impulsar y reforzar la investigación científica”.

Las principales quejas de la ciencia en España, más allá de los drásticos recortes que se han aplicado desde el Gobierno en los últimos años, se dirigen a las trabas burocráticas que impiden contratar personal, lanzar concursos internacionales para atraer talento o usar el dinero que han logrado en convocatorias internacionales para la investigación.

Según los investigadores, todos estos impedimentos dificultan el avance de la ciencia y favorecen la marcha de científicos, en particular los mejores, a otros países en los que pueden desarrollar su talento. A mejorar la autonomía de los centros de investigación ayudaría un organismo como la Agencia Estatal de Investigación, que se debería haber aprobado hace tres años, si se hubiese cumplido lo que refleja la Ley de la Ciencia y la Innovación.

Pese a que desde el Gobierno se sigue afirmando que la creación de la agencia es inminente, continúa entre los incumplimientos que están llevando al límite el malestar de los científicos con los responsables políticos.

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