domingo, 29 de enero de 2017

Castigo tibio al acoso sexual en el campus

A pesar de los indicios, las universidades de Barcelona y Sevilla mantuvieron a dos catedráticos acusados por la justicia de acoso y abusos sexuales.

Entrada al rectorado de la Universidad de Sevilla.   

Ante el acoso o los abusos sexuales, la universidad española reacciona con indolencia. 


A veces se añade una parsimonia garantista que multiplica el sufrimiento de las mujeres víctimas de la presunción de inocencia del profesor denunciado, según coinciden los expertos y admiten los rectores.


La reciente condena al catedrático de la Universidad de Sevilla Santiago Romero por abusos sexuales continuados sobre dos profesoras y una becaria ha desempolvado el caso del también catedrático Jesús de Miguel, que acosó a decenas de alumnos durante décadas hasta 2014 según la fiscalía, pero que hoy conserva su despacho en la Universidad de Barcelona.

En ambos escándalos las víctimas denunciaron a los profesores ante las universidades, que iniciaron sus pesquisas internas pero sin resultados eficaces. En el caso catalán, la institución alegó la imposibilidad de apartarlo debido a que los delitos habían prescrito pese a que quedaban probados para la fiscalía, mientras que en el ejemplo andaluz la universidad esgrimió que la justicia investigaba y no podía interferir. Así pasaron seis años mientras Romero daba clases a centenares de alumnos a la vez que declaraba como imputado, era procesado y se sentaba en el banquillo ¿Tenían alternativas ambas universidades o las irregularidades debían quedar impunes para respetar la presunción de inocencia de los docentes?

“Claro que la universidad puede tomar medidas cautelares contra un profesor si detecta que hay indicios de acoso. La institución tiene que entender que puede atender a la víctima y también adoptar medidas. El problema es una falta de sensibilidad y una falsa neutralidad, porque si no haces que el problema desaparezca, provocas que se perpetúe”. Miguel Lorente, responsable de la unidad de igualdad de la Universidad de Granada y exdelegado del Gobierno para la violencia de género, es muy crítico con la implicación real de los 76 rectores para atajar el acoso en los campus españoles. La inversión económica para prevenir la violencia machista de las universidades es mínima, estas solo crearon las unidades de igualdad cuando la ley les obligó en 2010 y seis años después algunas carecen de protocolos de actuación. Todo pese a que el 62% del alumnado ha sufrido o conoce a personas que ha vivido la violencia machista en las aulas, según un estudio con 1.083 entrevistas.

Durante años primó la ley del silencio en las clases que el catedrático de Sociología Jesús de Miguel impartía en la Universidad de Barcelona. En 2011 varios alumnos vencieron el miedo y denunciaron al profesor por acoso sexual. En un primer momento, la comisión de igualdad que analizó el caso no le vio entidad al asunto. Sin embargo, un profesor que en paralelo denunció a De Miguel lo había hecho también ante la Universidad de Harvard porque usaba en falso el nombre de este centro estadounidense. Harvard informó a la Facultad de Económicas catalana y solo entonces esta reaccionó para pedir a los alumnos denunciantes que buscaran otras víctimas del catedrático para lograr armar el caso. Los estudiantes hallaron otros testimonios coincidentes y se abrió una comisión específica para investigar los acosos sexuales.

Un decano que empleaba “la represalia”

El catedrático de la Universidad de Sevilla Santiago Romero no puede acercarse a la Facultad de Educación —que dirigió entre 1997 y 2009— tras su condena a siete años de cárcel por abusos sexuales continuados y lesiones. Los testimonios incluidos en la sentencia dibujan un personaje controlador, con don de gentes, maneras despóticas, aire triunfador y sin pelos en la lengua.

“Tenía un estilo chalanero para comer juntos, salir de copas y relacionarse. No nos extrañó lo del acoso por el estilo de repartir prebendas, hacer acuerdos de pasillo para resolver los asuntos de antemano, el reparto de despachos (…) Llegó a tener un poder continuado durante mucho tiempo y lo negoció todo. Y sin embargo, no nos imaginábamos lo de los abusos sexuales”, relata un jefe de departamento de la facultad que pide no identificarse. Los abusos de Romero, de 67 años, incluyeron tocamientos en diferentes episodios y vejaciones a dos profesoras y una becaria, incluso con terceros como testigos, lo que denota una sensación de impunidad que perduró al menos cuatro años (2006-2010).

Una profesora del Departamento de Educación Física que también exige anonimato describe sus maneras dictatoriales: “Él insultaba a boca llena y presumía de cómo ciertos profesores habían salido llorando de su despacho. Eso tras recordarles que su plaza dependía de su voluntad”.

La sentencia subraya la reacción del catedrático ante la negativa a someterse de sus tres víctimas: “Cuando de algún modo asume que las denunciantes ni van a aceptar sus requerimientos sexuales ni se someten a sus dictados en el ámbito docente, opta por emplear la descalificación e incluso la represalia como mecanismo para intentar quitarse de en medio a las mismas”.

Maestro de gimnasia durante el franquismo, tras mutar en licenciado gracias a la integración de las escuelas de magisterio en las universidades, su ascensión fue meteórica hasta convertirse en miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad y dirigir un máster y una facultad con 267 profesores. Romero, primer catedrático de Educación Física en España, “dignificó” su área en estrecha alianza con el exrector Miguel Florencio, según resalta un veterano docente. Para acaparar poder, tejió alianzas y generó un servilismo que ha quedado patente en la sentencia.

El fallo recoge los testimonios de siete profesores que declararon como testigos a su favor y a los que el juez apercibe por haber bordeado la mentira —que habría supuesto delito— en sus alabanzas a Romero. “El acusado crea una dinámica perversa, una estructura formada por otras personas detrás de la cual está el Sr. Romero, que es la persona que mueve los hilos o que para llevar a cabo la conducta acosadora se requiere de un sistema corrupto (…) Para mantener el acoso es necesario que uno o unos actúen y que otros callen”, censura el juez de lo Penal. Otra profesora se lamenta del método impuesto: “Santiago ha exigido mucho el voto hipotecado y ha sido muy triste el seguidismo en la facultad”. El catedrático ha rechazado opinar para este reportaje.

La sentencia ha supuesto un terremoto para la Facultad de Educación sevillana y ha provocado la dimisión del sucesor de Romero, Juan de Pablos, por dar la espalda a las víctimas durante seis años. “Ahora hay mucha gente que teme que salgan más casos y mucha gente que ha sufrido mucho. Entre otras razones porque cuesta mucho pensar que tú misma eres la primera que no quiere creérselo y aceptarlo”, explica Carmen Moreno, catedrática de Psicología Evolutiva de la Universidad de Sevilla.

“El acoso lo ves muy lejano y luego pasa aquí… ¡En una facultad de Educación! ¡Con la formación contra la violencia machista que se da en los colegios!”, expresaba perpleja la alumna María Zurita. Está por ver cómo se restañan heridas tan profundas en un centro hasta ahora dividido y donde Romero reinó sin apenas oposición.

Cuando esta segunda comisión concluyó su informe, lo remitió al rector y este a la fiscalía. La investigación de los Mossos d´Esquadra determinaron que se había cometido “acoso sexual” a través de “perniciosas relaciones”, pero los hechos habían prescrito porque sucedieron en 2008. En su declaración policial, la decana de Económicas, Elisenda Paluzie, reconoció que el caso no le había sorprendido porque venía a confirmar lo que decía el boca a boca. Pero antes, solo un año después de las irregularidades, en 2009, Paluzie recibió una carta de la profesora Lidia Puigvert que le alertaba de que la organización del doctorado de Sociología, en el que participaba De Miguel, favorecía las presiones de índole sexual, laboral y académica. “Nunca recibí una respuesta. Es tan obvio y terrible”, lamenta Puigvert. La decana justifica su inacción de entonces en que la misiva no mencionaba a De Miguel de manera explícita.

Ante el archivo de la fiscalía, los alumnos se movilizaron para evitar que De Miguel volviera a dar clases, y hoy está apartado de la docencia aunque mantiene su despacho con 69 años. “Aunque sintiera la decepción por no poderle sancionar, al menos me queda la tranquilidad de que no ha dado más clases” añade la decana. Cuando se denunciaron los hechos, el catedrático era amigo del rector Didac Ramírez. “Mi amistad no influyó para nada en mi decisión”, afirma. De Miguel ha rechazado opinar al respecto.

Hoy día, cuando las universidades fijan un protocolo sobre cómo actuar cuando surgen casos, brotan las discrepancias. Mientras que los redactores, expertos en Derecho, defienden la potestad disciplinaria de la institución, los servicios jurídicos de las universidades se oponen y su opinión conservadora prevalece. “Recuerdo que los servicios jurídicos fueron muy puñeteros porque la universidad no se podía convertir en juzgador. Se redactó un protocolo muy cauteloso. La propia institución le para los pies a la comisión de igualdad”, ilustra Octavio Salazar, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba.

Como vocal de la CRUE (la conferencia de rectores españoles) Pilar Aranda, rectora de la Universidad de Granada, admite que en estos casos “los problemas van por delante de las soluciones”. “Debemos hacer más, sobre todo en temas de prevención. Y luego hay que proteger a la víctima, esté demostrado o no (…) Claro que la universidad tiene autonomía para tomar medidas cautelares”, reconoce. La semana pasada, el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, pidió disculpas a la sociedad, “empobrecida” tras los abusos sexuales cometidos por “uno de los nuestros”. Castro se escudó en que no podía tomar cartas en el asunto antes porque la justicia estaba investigando.

Durante su último encuentro anual en Madrid el pasado verano, las responsables de las unidades de igualdad universitarias hicieron patente la escasa sensibilidad de algunos rectores respecto al acoso: “Nos encontramos con Universidades que, habiendo creado la Unidad de Igualdad, existe cierta reticencia o incluso hostilidad y no quieren oír hablar de temas como acoso, discriminación, lenguaje sexista, etc”, reza la memoria de las jornadas. De ahí que el 69% del alumnado desconfíe de que la universidad respalde su denuncia si vencen el miedo, según el estudio Rompiendo el silencio en las universidades españolas.

¿Cómo pueden ocurrir estos relatos tan sórdidos de abusos y acosos en una institución pública que debe formar en valores? “El acoso en la Universidad, por su estructura feudal, dependencias y fidelidades, es frecuente. Igual que el señor feudal dominaba y protegía a sus vasallos, hoy las plazas, la promoción profesional y la distribución del dinero para investigar depende de la gente de arriba en el escalafón. El sistema crea esos vínculos. El de arriba te ampara y te protege, y si se le va la mano te domina, y si se le va más todavía, te acosa por no plegarte a sus requerimientos. Es feudalismo con nuevos ropajes", define Francisco García, director del Departamento de Didáctica de la Ciencia Experimental y Social en la Universidad hispalense.

“¿Cómo puede considerarse lógico que un catedrático meta a quien quiera, incluido a amigos? Pues porque todos han entrado por esa vía, por una especie de filiación”, pregunta y responde Eva Laínsa, profesora y exdirectora del Secretariado de Promoción Cultural de la Universidad de Sevilla. “Y cuando hay plazas muy poca gente recurre porque el perdedor sabe que si recurre le queda un año de malas caras, burocracia y trabajo duro para juntar las pruebas objetivas y documentar la prevaricación, además del ostracismo por conflictiva”, añade.

Al igual que en Barcelona, el catedrático sevillano Santiago Romero estaba relacionado con la cúpula de la universidad y mantenía “relaciones muy cordiales” con el rector de entonces, Joaquín Luque, definen fuentes del caso. Porque como catedrático, Romero dispuso de mucho poder para decidir si promocionaba o no a profesores, cuándo leían sus tesis, para controlar un grado, un máster y el reparto de la docencia. Y como decano, fue miembro de la Junta de Gobierno en el rectorado de la universidad.

La denuncia de las dos profesoras y una becaria se produjo en 2010 y meses después la universidad derivó el expediente a fiscalía. Un año más tarde, Romero regresó a las aulas porque los servicios jurídicos decían que era imposible prohibirle la docencia, alega ahora la universidad.

Tras la condena de su decano en la capital andaluza, García quiere ver luz al final del túnel. "Es una oportunidad para una fuerte regeneración ya que los procesos de participación están muy deteriorados. No se promueve el debate sobre el funcionamiento de la facultad y el espíritu crítico y combativo".

Javier Martín-Arroyo.

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