viernes, 10 de febrero de 2017

10 años de prisión para dos guardias civiles por traficar con cocaína en Barajas

Los especialistas de Asuntos Internos les detuvieron instantes después de haber pasado un viajero con 13 kilos de droga.

Un guardia civil muestra droga decomisada en el aeropuerto de Barajas.

Los guardias civiles Salvador Martínez Espinosa y Julio Rodríguez Privado han sido condenados por la Audiencia Provincial de Madrid a 10 años y seis meses de prisión por un delito contra la salud pública (tráfico de drogas) y por pertenencia a grupo criminal.

Los agentes pasaban a correos de la droga por el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a los que llegaron incluso a recoger a pie del avión. Otros tres integrantes de la organización, de origen colombiano y dominicano, también han sido condenados por los mismos delitos.

"Una institución querida y respetada"

Los jueces de la Audiencia Provincial han impuesto casi la pena máxima a los dos guardias civiles: ocho años y nueve meses por el delito contra la salud pública (el tope es nueve años) y un año y nueve meses por pertenencia a grupo criminal (con un máximo de dos años). Les aplican las agravantes de tráfico de notoria importancia, al ser 13 kilos de cocaína, y por prevalerse de su condición de funcionarios públicos y estar destinados justamente a la unidad de prevención del narcotráfico.

También reprochan el uso del uniforme y el vehículo oficial: “Un uniforme que representa a una institución respetada y queridad por los ciudadanos de este país y que tantos y tan sacrificados servicios ha prestado a la convivencia democrática”. “Su destino como garantes de la entrada de la droga en España, justifica, a todas luces y sin mayores disquisiciones, la imposición de una pena próxima a la máxima legal”, recoge la sentencia, cuyo ponente ha sido el juez Francisco David Cubero.

La sentencia de la Sección 16ª de la Audiencia Provincial, recoge que Salvador Martínez, de 53 años cabo primero de la Guardia Civil, fue destinado en mayo de 2015 a sección fiscal (de lucha contra el tráfico de drogas) del aeropuerto de Barajas. Su compinche era el sargento primero, Julio Rodríguez, que estaba destinado en la misma unidad.

El fallo considera probado que Julio Rodríguez recogió el 10 de julio de 2015 vestido con su uniforme reglamentario y en un vehículo oficial de la Guardia Civil a un pasajero de un vuelo procedente de Bogotá (Colombia). Se trataba de Jairo Alberto Torres Rodríguez. El suboficial le esperó al pie del avión y le saludó de manera militar. Después le llevó a la sala Premium del aeropuerto. El sargento dijo a los policías nacionales y al vigilante de seguridad que Jairo Alberto era “coronel de la policía colombiana” y que tenía mucha prisa porque llegaba tarde a una reunión en la Dirección General de la Guardia Civil. “Todo ello, con la intención de salvar dicho control, lo que consiguió. A continuación, Julio escoltó a Jairo hacia el exterior de la sala Premium, donde Jairo montó en un taxi que le esperaba”, afirma la sentencia.

El taxi fue detenido a la salida del aeropuerto por agentes del Servicio de Asuntos Internos (SAI) del instituto armado. Le decomisaron el equipaje, en especial una maleta tipo trolley. En su interior había “15 paquetes en forma de plancha, de diversos tamaños que contenían una sustancia que resultó ser cocaína”, según la sentencia. Tenía un peso bruto de 13,5 kilos y una pureza de entre el 30 y el 80%. El valor de la sustancia puesta en el mercado habría supuesto más de 457.000 euros.

En la sede policial

Los agentes del SAI detuvieron instantes después a sus dos compañeros en las dependencias oficiales del aeropuerto y a los otros dos integrantes de la banda: Hidelmar Medrano Franco, de 39 años, y el supuesto cabecilla de la organización Edgar Augusto Cañón García, de 63.

Los jueces consideran probado que el cabo Salvador Martínez participaba directamente en la organización. Él mismo reconoció que “en varias ocasiones y a instancias de Salvador”, dejó pasar “de manera indebida” a varias personas por los controles del aeropuerto. Lo hizo en al menos cuatro ocasiones. El cabo argumentó que pensó que se trataba de personas con problemas de documentación y que no recibió nada a cambio.

Los jueces discrepan de lleno: “El acusado lleva en el aeropuerto desde 2002 y, por tanto, no puede ignorar que el aeropuerto de Barajas es el punto de entrada de droga más importante de España y posiblemente de toda Europa occidental”. “Por tanto, si alguien le pide ‘hacer la vista gorda’ con la entrada de alguien a través del control del aeropuerto, no hace falta ser muy perspicaz como para concluir que su colaboración necesaria para sobrepasar dicho control es precisamente porque lo que transporta es droga”, añade la sentencia, contra la que cabe recurso ante la Sala II del Tribunal Supremo.

El fallo también reconoce que los guardias civiles, en especial el sargento, comprobaban los antecedentes de los correos de la droga en las bases de datos de la Guardia Civil. Lo hacían para evitar problemas en la frontera. También hacían cuadrar la llegada de estas mulas con que ambos agentes estuvieran de servicio y pudieran colarlos. De hecho, les hacían vestir de traje (llegaron a comprar uno para un correo) para que simularan ser empresarios o funcionarios de la Administración colombiana

F. Javier Barroso. 

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