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sábado, 4 de febrero de 2017

El juez archiva la mayor trama de venta ilegal de medicinas

En la Operación Convector había imputados 86 farmacéuticos de toda España.

Hospital General Universítario Gregorio Marañón.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu archivó este jueves la causa abierta contra 86 farmacéuticos de toda España por vender ilegalmente en el extranjero a mayor precio medicamentos destinados al mercado español y que estaban sujetos a un precio tasado.

La investigación, bautizada como Operación Convector, es la causa más extensa conocida hasta ahora por comercio irregular de medicinas.

Pese a considerar acreditado que los boticarios actuaban como un grupo organizado en colaboración con empresas almacenistas e intermediarios, con los que se repartían los beneficios de este tráfico ilegal, el magistrado cierra la investigación que abrió en marzo de 2015. Andreu entiende que las conductas de los investigados, pese a su patente irregularidad y a que llegaron a provocar situaciones de desabastecimiento no tienen encaje en el Código Penal. En la causa se dilucidaban delitos contra la salud pública, estafa, falsedad documental, contra la Hacienda Pública, blanqueo y organización criminal.

En cuanto al delito contra la salud pública, el más grave de cuantos se dirimían, Andreu se apoya en el informe de la Fiscalía, señala que no se ha acreditado que se haya producido la venta de medicamentos caducados ni deteriorados, que exige el tipo penal, entre los consumidores y tampoco en los países a los que se destinaba la exportación.

En esta causa, procedente del Juzgado de Instrucción 3 de Teruel, se investigaba a un supuesto grupo organizado en el que participaban farmacéuticos, intermediarios y empresas y cuya actividad consistía en la recepción de medicamentos oficiales en distintas farmacias y, en vez de dispensarlos a los pacientes, los entregaban a intermediarios o a empresas que procedían a su venta a terceros estados, principalmente de la UE, aprovechando las diferencias de precio en determinados productos y provocando situaciones de desabastecimiento.

No se ha podido acreditar, afirma, la existencia de recetas simuladas para justificar la venta de los medicamentos destinados a la exportación ilícita que acreditarían una posible falsedad documental, ni tampoco el delito de estafa la no haberse podido cuantificar el posible perjuicio causado a la administración sanitaria, por lo que tampoco se cumplen los requisitos del tipo penal.

En relación con el delito contra la Hacienda Pública, la resolución, en consonancia con el Ministerio Público, explica que de los informes emitidos por la Agencia Tributaria que se han incorporado a la causa no se desprende la existencia de dicha infracción, sin perjuicio de las actuaciones tributarias que se hallen en curso y de la mencionada inhibición a los juzgados granadinos.

Respecto al blanqueo de capitales, señala también que al no existir un delito antecedente del que provengan los beneficios económicos que se traten de ocultar, no puede hablarse de tal delito.

“Tampoco existe delito de organización criminal pues no existe actividad delictiva como fin o fundamento de la organización. La distribución inversa es constitutiva de un ilícito administrativo como se ha acreditado en la causa a través de los expedientes administrativos y recurso contencioso administrativos interpuestos por los investigados”, dice el auto, que tras analizar el artículo 570 bis del Código Penal, apunta que “falta un elemento esencia del delito: el hecho delictivo cometido a través de la organización”.

"En virtud de todo lo expuesto, y en base al anterior informe emitido por el Ministerio Fiscal, procede acordar el sobreseimiento provisional de las actuaciones (...) respecto de las personas físicas y de las sociedades investigadas, con el consiguiente levantamiento de las medidas cautelares que se mantengan vigentes y devolución de los efectos intervenidos", concluye el juez Fernando Andreu.

Fernando J. Pérez.

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