domingo, 19 de marzo de 2017

Los nuevos españoles que nunca debieron serlo

El Gobierno otorga por error la nacionalidad a decenas de delincuentes con detenciones o sentencias firmes.

Trámite de jura de la Constitución tras obtener la nacionalidad española.

Jesús E. G., dominicano, consiguió la nacionalidad española por residencia el 18 de noviembre de 2013.

El Ministerio de Justicia consideró que cumplía los tres requisitos que se le piden a cualquier solicitante: un tiempo determinado de residencia legal en España, integración y buena conducta cívica. Ya era un español más.

Sin embargo, a Justicia se le escapó algo. Jesús había sido condenado el 19 de febrero de ese año, es decir, ocho meses antes, por un juzgado de lo penal de Madrid por un delito de tráfico de drogas. Nadie comprobó si Marcial tenía antecedentes penales o policiales antes de hacerle español. De haberlo hecho, Justicia habría visto otra detención, en febrero de 2010, también por tráfico de drogas, y otra de 2009, por asociación ilícita y abuso sexual.


La Constitución garantiza que “ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad”. ¿Y si no lo es de origen? Se puede, y está sucediendo cada vez más. En apenas cinco años se han multiplicado por 10 los casos de revocación de la nacionalidad española. Han pasado de ser anecdóticos a llegar por decenas hasta la Audiencia Nacional, que solo en solo en 2016 ha dictado una treintena de sentencias.

Una de ellas declaró en noviembre pasado que el corto periodo de Jesús como español de pleno derecho había terminado. Los magistrados apuntan en el fallo a los errores cometidos durante el procedimiento: “Al valorar el requisito de buena conducta cívica, se debieron considerar no solo las circunstancias existentes al presentarse la solicitud, sino también las que se hubieran podido producir a lo largo de la tramitación del expediente gubernativo”.

Jesús aportó al principio del procedimiento, que se puede demorar más de dos años, un certificado de buena conducta que nadie volvió a comprobar hasta que se le concedió la nacionalidad. Mientras tanto, su currículum sumó detenciones y hasta una sentencia condenatoria, que no se detectaron. “Debió tenerse en cuenta […] que existía una causa penal pendiente por un delito de drogas”, dice la Audiencia Nacional, que añade que existían también “otras detenciones por la Guardia Civil, de suficiente gravedad como para no tener por cumplido el requisito de buena conducta cívica”.

Homicidio imprudente

Tampoco en el caso de Gustavo V. P. Era una noche de agosto de 2010. Yoana S., de 25 años, iba en su bicicleta por la avenida de Guipúzcoa de Pamplona cuando un Ford Focus se la llevó por delante. El choque fue tan brutal que salió disparada por encima y cayó varios metros más atrás. Murió días después.

Al volante estaba Gustavo, que conducía a 112 kilómetros por hora en una vía donde la velocidad máxima permitida era de 50 y con 0,48 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. La luna delantera del coche quedó resquebrajada hasta el punto de que no se veía nada, pero siguió conduciendo hasta llegar a su casa, saltándose un semáforo en rojo por el camino, y escondió el coche en el garaje. Le detuvieron apenas un par de horas después.

Dos años después, en octubre de 2012, Gustavo, colombiano, consiguió la nacionalidad española por residencia. El Ministerio de Justicia consideró que cumplía todos los requisitos, incluido el de buena conducta cívica. A esas alturas, sin embargo, era más que un presunto homicida: había sido condenado por un juzgado de lo penal varios meses antes, en enero. El juez le consideró autor de dos delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro. La Audiencia Provincial confirmó la condena posteriormente.

La doctora que no pudo trabajar en España

La doctora Nathalie Larreinaga.
E. G. S.

Los errores en la concesión de nacionalidad no solo se deben a delitos no detectados. En ocasiones, la confusión de la propia Administración sobre los requisitos de residencia ha provocado casos como el de la doctora Nathalie Larreinaga.

Llegó en 2004 a España con su título de Medicina homologado para hacer el MIR en Oviedo. En 2007 inició el trámite para nacionalizarse. Quería quedarse en España: vivir, investigar y ser médica de familia en Asturias. “Nunca me pusieron ningún problema. En el Registro Civil decían que cumplía todos los requisitos; me entrevistó la policía, que incluso me felicitó por lo bien que me había adaptado a las costumbres españolas y, sobre todo, asturianas”, relata por correo electrónico. A la hora de empezar a trabajar en el sistema público --en el que, recuerda, había dificultad para cubrir plazas-- se encontró con que no podía porque tenía tarjeta de estudios y no de residencia. “Quedé en un limbo. Soy una persona que no le gusta infringir las leyes. No quise quedarme de forma ilegal y volví a mi país”.

Pese a ello, le concedieron la nacionalidad unos meses después, cuando ya estaba establecida de nuevo en El Salvador. Viajó a Oviedo en 2012 para firmarla; incluso le dieron el pasaporte español. En 2013 el Consejo de Ministros declaró “lesiva para el interés público” su nacionalidad. En 2016, la Audiencia Nacional lo confirmó: su estancia de estudios no era una residencia legal; darle la nacionalidad había sido un error.

“Lo lamento de corazón. Me hubiera gustado retribuir la excelente formación que recibí y trabajar para la gente de Asturias que tanto llegué a apreciar”, dice. Ahora trabaja para el Ministerio de Sanidad de su país, investiga y es profesora de universidad.

Elena G. Sevillano.

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