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sábado, 3 de junio de 2017

El Supremo ve indicios de terrorismo en el ‘caso Alsasua’ y lo deja en la Audiencia Nacional

El tribunal considera que la agresión a dos guardas civiles debe ser investigada en Madrid.

Los presuntos agresores de Alsasua en noviembre de 2016.


El Tribunal Supremo considera que la agresión sufrida por dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua el 15 de octubre de 2016 a manos de un grupo de jóvenes próximos a la izquierda abertzale encaja con el delito de terrorismo por lo que debe investigarse en la Audiencia Nacional.

La sala de lo Contencioso-Administrativo ha resuelto así a favor del Juzgado Central de Instrucción 3 la cuestión de competencia planteada sobre el caso a instancias de la Audiencia de Navarra, que estimaba que la causa debía juzgarse allí.

El Supremo señala que, en una valoración provisional, los hechos encajan en el artículo 573.1 del Código Penal, que considera delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física cuando se lleva a cabo con la finalidad de provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella.

“La gravedad del delito no puede excluirse por el momento, dada la entidad de las lesiones sufridas por uno de los agentes", señala la sala. "En cuanto a la concurrencia de las finalidades previstas en el artículo 573.1 del Código Penal, inicialmente puede apreciarse de modo indiciario que, habiéndose ejecutado los hechos dentro del marco de conductas dirigidas a crear en los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de sus familias un estado de terror e inseguridad que los impulse a abandonar los mencionados territorios, tampoco puede descartarse que la finalidad de los hechos fuera provocar tal estado emocional en las personas que aparecen como víctimas de los hechos”, añade el tribunal.

La decisión del Supremo coincide con la valoración expresada por la Fiscalía, que consideró en un informe que la competencia debe resolverse en este momento a favor de la Audiencia Nacional, que se encarga de los delitos de terrorismo, sin perjuicio del resultado de la investigación y de lo que, en su caso, pudiera decidirse en el momento del juicio.

El auto del Supremo argumenta que hay indicios de que algunos de los supuestos agresores, según los informes policiales, están relacionados con organizaciones orientadas a expulsar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de la Comunidad Foral de Navarra y del País Vasco, “mediante actos reiterados de protesta, presión y hostigamento contra los agentes y sus familias”. Una de las personas supuestamente vinculada con estos grupos "es, precisamente, la que inicia el enfrentamiento y la agresión", sostiene el tribunal.

Los hechos que ahora va a investigar la Audiencia Nacional ocurrieron sobre las cinco de la mañana del 15 de octubre de 2016, cuando un sargento y un teniente del cuartel de la Guardia Civil de Alsasua, que se encontraban tomando una copa de paisano con sus parejas en el bar Koxka de esa localidad, uno de los centros de reunión de la izquierda abertzale en Navarra, fueron insultados y agredidos por un grupo de jóvenes. Parte de los atacantes pertenecen al movimiento Ospa! (¡Largo!, en euskera), que busca expulsar de Euskadi y Navarra a los miembros del Ejército y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, una de las exigencias históricas de la banda terrorista ETA, ahora en fase de liquidación.

Los agentes sufrieron lesiones como consecuencia del ataque, que incluyó patadas y golpes cuando estaban en el suelo. El teniente pasó dos días en el hospital, donde fue operado de una fractura en el tobillo y atendido por magulladuras en el rostro.

La resolución del Supremo acaba con el conflicto de competencias que se creó por las discrepancias entre la Audiencia Provincial de Navarra y la Audiencia Nacional. La primera consideraba que la agresión a los guadias civiles no encaaba en el delito de terrorismo, por lo que debía investigarse en Pamplona. Pero los juzgados centrales comenzaron también a investigarlos a raíz de una denuncia de la asociación COVITE, de víctimas del terrorismo. Ahora, el caso se investigará en exclusiva en Madrid.

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